.jpg)
La semana pasada saltaban a la palestra las declaraciones realizadas en un medio por parte del Fiscal superior de Cataluña sobre una hipotética independencia catalana, en concreto se refería a que había diferentes vías para que los catalanes pudieran pronunciarse sobre su sentimiento soberanista, no solo la del referéndum (con Constitución en mano difícil es su legalidad) promovida por el Gobierno Catalán liderado por Artur Más.
Estas declaraciones le han supuesto un expediente de
remoción de su cargo por parte de la Fiscalía general del Estado, que tiene
competencia para iniciar dicho expediente. En ningún caso el expediente de remoción supone la expulsión
de la carrera fiscal pero evidencia en el trasfondo la necesidad por algunos de control de quienes asumen la acción
judicial acusatoria estatal, que no son otros que los fiscales, y de la
conveniencia de que sean personas de confianza quienes adopten decisiones de
perseguir o no determinados hechos o actos, dicho en puridad, declaraciones
soberanistas o referéndums en el supuesto de que se lleve a cabo.
La explicación a la conducta sancionatoria podría atender a
múltiples razones, entre ellas y a mi juicio la más coherente con el
funcionamiento de la carrera fiscal en España, es la de la indisciplina al
orden jerárquico, en otras palabras, si no haces lo que Madrid quiere, puerta y
calle.
Sea como fuere, tal decisión se adopta en el marco de una
controversia latente en los últimos tiempos y que responde a la siguiente
pregunta: ¿Son los Jueces y Fiscales del Estado Español independientes o
sucumben a las presiones e intereses de políticos y similares a la hora de
ejercer su actividad?
La respuesta respecto a los Fiscales, es que quizás sí,
mientras el Fiscal general del Estado siga siendo de designación discrecional por
parte de los partidos políticos (Gobierno de turno), habrá un cierto control en
las Audiencias y Tribunales (que no fehaciente pero si indirecto a través de la
elección por parte del Fiscal general de los Fiscales jefe y los Fiscales
superiores), hablamos de las altas instancias claro está, no creo que se
inmiscuyan en asuntos de entidad menor en Juzgados.
Se refleja el amparo que puede tener la acción política en
sede judicial, ya que hace depender el inicio de actuaciones a un Fiscal
complaciente, mucho me temo que tal amparo puede verse incrementado si como
apuntan los tiros, la instrucción (la investigación de los delitos) pasa de los Jueces de Instrucción a los Fiscales como está previsto en un futuro no muy
lejano, yo al menos me opongo.
La respuesta respecto a los Jueces, es en mi opinión rotunda
y contundente, sí que son independientes. Muchos son los ejemplos de Jueces que
hacen valer su independencia, y su posición de aplicadores de leyes sin
distinción alguna, lo hacen con valentía y expuestos a una durísima presión.
Casos como el de la los ERE de Andalucía que lleva la
Instructora Mercedes Alaya, en el que se investiga el papel de la Junta de
Andalucía en la trama de prejubilaciones irregulares de la empresa pública
Mercasevilla, o los casos Pokémon, Carioca y Manga, en los que Pilar de Lara
imputó a empresarios y políticos que pactaban negocios ilegales en burdeles
protegidos por la policía. También el sonado caso Nóos que lleva José Castro,
en el que se investigan los negocios de Jaume Matas en las Islas Baleares y del
cual proviene la imputación de Urdangarín, o el caso Palau que investiga el
desfalco de 35 millones de euros del Palau de la Música, una de las mayores
instituciones culturales de Cataluña.
Son solo algunos ejemplos de los muchos Jueces que se erigen
en buscadores de verdad frente a la escandalosa, por desgracia, corrupción política.
Siendo su responsabilidad enorme responden con tenacidad e investigan sin miedo,
gracias a ellas/os se puede confiar en el poder judicial y en la justicia. Yo
al menos lo intento.
Entradas
Reproduzco aquí un artículo de hace unos días que se publicó en El País por el catedrático de Derecho Penal Antonio García-Pablos, en su artículo “El juez de Berlín”:
ResponderEliminarhttp://elpais.com/elpais/2013/04/26/opinion/1366985774_735007.html
“Cuenta la leyenda que una buena mañana (y lo cito en mi libro de Derecho Penal a propósito del principio de legalidad y la garantía jurisdiccional) Federico II de Prusia, molesto porque un molino cercano a su palacio Sans Souci afeaba el paisaje, envió a un edecán a que lo comprara por el doble de su valor, para luego demolerlo.
Al regresar el emisario real con la oferta rechazada, el rey Federico II de Prusia se dirigió al molinero, duplicando la oferta anterior. Y como este volviera a declinar la oferta de su majestad, Federico II de Prusia se retiró advirtiéndole solemnemente que si al finalizar el día no aceptaba, por fin, lo prometido, perdería todo, pues a la mañana siguiente firmaría un decreto expropiando el molino sin compensación alguna. Al anochecer —continúa la leyenda— el molinero se presentó en el palacio y el rey lo recibió, preguntándole si comprendía ahora ya cuan justo y generoso había sido con él. Sin embargo, el campesino se descubrió y entregó a Federico II una orden judicial que prohibía a la Corona expropiar y demoler un molino solo por capricho personal. Y mientras Federico II leía en voz alta la medida cautelar, funcionarios y cortesanos temblaban imaginando la furia que desataría contra el terco campesino y el temerario magistrado. Pero concluida la lectura de la resolución judicial, y ante el asombro de todos —finaliza la leyenda—, Federico el Grande levantó la mirada y declaró: “Me alegra comprobar que todavía hay jueces en Berlín”. Saludó al molinero y se retiró visiblemente satisfecho por el funcionamiento institucional de su reino, aseguran los cronistas de palacio.
El “juez de Berlín” representa, en el mundo del Derecho, la independencia judicial frente a la arbitrariedad y el despotismo; la primacía absoluta de la ley, expresión de la soberanía popular, y la garantía de igualdad de todos los ciudadanos ante ella, exigencias ambas inseparables del Estado de derecho”.
Importantes es preservar estos principios, si no es así, se cargaran el Estado de Derecho democrático.