Desgobierno del Poder Judicial español.

Desde 1978 con la publicación de la Constitución Española en el Boletín Oficial del Estado, en concreto el 29 de diciembre de ese mismo año, España se reformuló, se reinventó, pasando de ser un Estado totalitario, dictatorial, autoritario de legado franquista, a un Estado democrático, como se diría un auténtico Estado de Derecho que se vertebra sobre el eje de la tripartición de poderes, a mentar, el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, garantizándose así el no retorno a un Estado déspota en el que los derechos fundamentales personal y colectivos brillaban por su ausencia.

De todos es de sobra conocida esta separación de poderes cuyo génesis o germen se sembró y perfeccionó en la revolución francesa. Fue Montesquieu el encargado de dar vida a una forma de Estado en su obra el Espíritu de las Leyes que inspiró una legítima distribución poderes, competencias y funciones. España acogió en 1978, como ya lo había intentado sin éxito en Constituciones anteriores al régimen franquista, la genuina separación de poderes y ha  conseguido pervertir, maniatar, socavar y desvirtuar dicha separación, separación que era loable en su objetivo y justa en su origen, lo era, sí, tal como la ideó y trazó Montesquieu.

Y así lo ha hecho a través del Poder Judicial, de la Institución que lo gobierna, el Consejo General del Poder Judicial (a partir de ahora CGPJ) y del máximo garante de la carta magna constitutiva del 78, el Tribunal Constitucional (a partir de ahora TC). Es muy pedagógico para todos lo que quieran conocer el funcionamiento del sistema judicial español saber cómo se escogen y se designan a los miembros de ambas instituciones, en definitiva entender la dinámica de politización que ha envenenado el verdadero sentido de su ser y las ha limitado a ser meros testaferros de la voluntad del bipartidismo imperante.

En primer lugar hablaré del CGPJ, esté se compone de 20 vocales (así se llaman sus miembros) y de 1 presidente que también lo es del Tribunal Supremo. De los 20 vocales, la elección de 12 de ellos corresponde a las Asociaciones judiciales, integradas por Jueces y Magistrados pertenecientes a la carrera judicial, pero no los eligen directamente como vocales sino que proponen una terna de 36 candidatos al Senado y al Congreso (es decir, PP y PSOE), y las cámaras de esos 36 proponen cada una a 6 candidatos que finalmente son elegidos vocales. Los restantes 8 son juristas de “reconocida” competencia elegidos directamente por los partidos y ratificados posteriormente por Congreso y Senado (PP y PSOE). El presidente es elegido en pleno por los 20 vocales de entre Jueces y juristas del ramo jurídico.

Conclusión, 8  vocales son elegidos directamente a dedo por los partidos políticos, normalmente PP y PSOE y los otros 12 vocales no son elegidos directamente por los Jueces si no que los proponen y ya son PP y PSOE quienes eligen los que son de su gusto (a través de Asociaciones ciertamente politizadas), o como eufemísticamente dicen Asociaciones “progresistas” y “conservadoras”, por lo que son vocales “progresistas” y “conservadores”. Tanto interesa ya que el CGPJ cuenta con la potestad de nombramiento y ascenso de Magistrados, al Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA, Audiencias provinciales, contando también con la potestad del régimen disciplinario judicial, señalando así a los Jueces que no cumplen su cometido “correctamente”.

Respecto al Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros (Magistrados) nombrados; de ellos, 4 a propuesta del Congreso (PP y PSOE); 4 a propuesta del Senado (más de lo mismo); 2 a propuesta del Gobierno (PP) y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (tal como se ha explicado antes PP y PSOE). En fin no deja de ser una idéntica extrapolación de la designación y nombramiento del CGPJ, los partidos políticos eligen por cuotas a los Magistrados que les corresponden y quién resulte tener más que el otro se lleva el gato al agua en las decisiones judiciales transcendentales de España.

La realidad de las máximas instituciones del Poder Judicial es la que se ha descrito, lo que no es óbice para aclarar que los Jueces de Juzgados menores y los no colocados como satélites de intereses partidistas son la verdadera esencia y representación de la Justicia manifestada en su independencia y su ecuanimidad a la hora de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, por este motivo son ellos, exclusivamente ellos los que deberían elegir entre sus miembros a quienes les gobiernen a través de sufragio libre, secreto, único y personal sin filtro alguno político. Todo lo demás es darle una patada en el culo a Montesquieu. Así lo han hecho se han reído de su separación de poderes.

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Lo que España necesita y no se aplica.

De todos es conocida la supuesta vocación liberal del Partido Popular, especialmente durante los gobiernos de José María Aznar. En las elecciones generales de 2011, los populares acreditaron esta postura así como la época de bonanza y crecimiento en la que gobernaron como carta de presentación (o como medida de salvación) frente a un PSOE que en aquella época arrastraba cinco millones de parados, un déficit del 8,9 % y tres años de dura recesión.

La campaña de Mariano Rajoy, que en su programa electoral se presentaba como “Lo que España necesita” prometía, de alguna manera, retornar a los niveles de bienestar de la segunda legislatura de Aznar racionalizando la administración, eliminando duplicidades y gastos superfluos, relajando la carga fiscal (impuestos) y creando empleo estable, siempre sin tocar la educación ni la sanidad.

Sin embargo, la realidad ha sido distinta: bien distinta. A nivel fiscal, el PP, más que liberal, es socialista (pero rozando el aplicado en Venezuela) ya que se ha elevado el tipo máximo del IRPF al 52 %, más los recargos que quiera imponer cada CCAA: un nivel superior al prometido por IU en su programa. También elevo el IVA del 18 % al 21 %, elevo un 50 % las tasas universitarias, subió los impuestos del alcohol, el tabaco o los hidrocarburos y rompió el principio de universalidad de la sanidad imponiendo, por ejemplo, un copago del 10 % de las medicinas a los pensionistas. Claro, esto hay que sumarlo con las diferentes subidas de impuestos en las CCAA y ayuntamientos gobernados por los populares (“euro por receta”, subida del IBI, de tasas municipales, etc.)

Históricamente, los partidos socialdemócratas o comunistas han defendido las subidas de impuestos como medida para apuntalar el estado del bienestar. Sin embargo, a día de hoy nos encontramos con que en España se cierran plantas de hospitales, se inician los trámites en algunas autonomías para privatizar la sanidad (Madrid), se aumenta la ratio de alumnos por aula en las escuelas o se reducen las subvenciones, las ayudas sociales o las de la dependencia.

El coctel realizado por el PP no puede haber sentado peor a los españoles: la economía perderá un 1,5 % del PIB en 2013, el déficit en 2012 fue del 7,1 %, el cierre de empresas fue el mayor en 5 años (más de 22.000), el paro ha crecido hasta los 6.202.700 parados, todo esto, trasladado en otros términos, ha supuesto que el 21 % de la población española viva por debajo del umbral de la pobreza en estos momentos. Y es que por si fuera poco, la ayuda de recapitalización de los bancos todavía no ha supuesto un aumento del crédito y algunas CCAA (como la Comunidad Valenciana) llevan un considerable retraso de pago a proveedores e instituciones.

En realidad, la subida de impuestos si se está destinando a mantener el Estado, pero uno elefantiásico e ineficaz que tenemos en España en estos momentos. Nuestro gobierno sigue sin acometer, por ejemplo, la necesaria reforma de la administración local, fusionando los ayuntamientos de escaso tamaño (la gran mayoría) que en gran parte supondría una mayor eficiencia para estas administraciones permitiendo la eliminación de las Diputaciones (en estos momentos, una muleta de los consistorios pequeños) suponiendo un ahorro de 40.000 millones de €. También es necesaria la racionalización del personal laboral eventual, cuyo elevado número responde a familiares y militantes del PP insertados en empresas públicas o de asesores locales, autonómicos o nacionales así como una mejor coordinación, racionalización y control a las CCAA, para evitar despropósitos en proyectos absurdos (Cidade da Cultura, Aeropuerto de Castellón, Agora de Valencia…)

Muchos empresarios y ciudadanos están expresando que únicamente quieren “un gobierno que no les estorbe”, y en parte es un reflejo de la política del PP. El universitario, el jubilado pensionista, el propietario de una pyme o el que tiene a su cargo a un dependiente no necesitan de un estado obeso e inactivo que se situe en medio del camino y no deje avanzar ni dejar respirar, sino uno eficiente y con buena salud que le proporcione ayuda en sus necesidades vitales (como la educación, la sanidad o los servicios sociales) y le eche una mano en cuestiones puntuales.

Reagan pregunto a los americanos si habían vivido mejor durante los 4 años de Administración Carter y Thatcher mostro gráficamente con una cola de parados que el gobierno no estaba trabajando. Considero que no sería necesario que ningún líder tomara en 2015 ninguna de estas iniciativas ya que es evidente que, como ya ha admitido con las cifras del paro el ejecutivo, los españoles vamos a vivir peor, bastante peor por lo menos durante esta legislatura gracias a sus ineficaces decisiones con un futuro poco prometedor para nosotros y las futuras generaciones (57 % de paro juvenil) y lo más grave de todo, que esto está siendo no solo por la incapacidad del propio gobierno, sino por el fragrante incumplimiento de un programa electoral en el que creyeron 10.866.566 de ciudadanos y que ahora es puro papel mojado. 

Joaquín Sevila Forner. 

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Rebaja del tipo de interés del Banco Central Europeo. Crecimiento, sí, si quieren los bancos.

El viernes el Banco Central Europeo (a partir de ahora BCE) anunció que bajaba su tipo de interés en la zona euro, fijándolo en un 0.5%, con la intención de impulsar el crecimiento económico tal como expresó el presidente del BCE, el italiano Mario Draghi. Esta noticia que puede aparentar ser una de las muchas que se dan día a día en la economía de la Unión Europea y la de los países que lo integran resonó a bombo y platillo en todos los medios de comunicación, promocionándose como una decisión transcendental para salir de la crisis y activar la economía de los denominados países de sur (España, Grecia, Portugal e Italia), los más maltrechos por la recesión, destrucción de empresas y desempleo.

Se vende como una noticia positiva aunque tiene gato encerrado tal como explicaré. Pero ¿porque se le otorga tanta repercusión mediática?, debido a una serie de posibles e hipotéticas consecuencias y efectos que voy a intentar desgranar para su mejor comprensión. Los medios informativos españoles nos dicen que la noticia es buena pero no explican a que se debe ni detallan la influencia de la bajada del tipo de interés y cuáles son los actores que intervienen.

En primer lugar decir que los bancos privados europeos, en el  actual contexto de crisis, están financiándose con el dinero procedente del BCE, es decir, le piden el dinero que necesitan y a cambio el BCE (regulador de la zona euro), les exige su devolución y un determinado tipo de interés, vamos tan sencillo como si uno pide un crédito particular a un banco. Antes los bancos se financiaban entre sí, acudían unos a otros en momentos en que necesitaban liquidez pero con la quiebra y rescate de algunos bancos europeos, muchos de ellos españoles, dejaron de prestarse dinero recíprocamente ya que desconfiaban de la salud financiera de cada una de ellas, lo que les llevo a acogerse a la intercesión del BCE para poder salir de sus respectivos problemas.

Con este dinero que les presta el BCE y el que ya posee, la banca europea da cauce a todos los productos que tiene y al volumen de negocio que maneja. Entendemos también que a la economía propia de cada país le afecta el funcionamiento propio de su banca, de este hecho se derivan las consecuencias favorables de bajar el tipo de interés del dinero que presta el BCE a la banca, que podemos sintetizar en lo siguiente:

Los bancos, entre otros agentes, financian la actividad empresarial, productiva y familiar de cada país, y lo hacen concediendo crédito, por lo que al prestarle el BCE dinero a un tipo de interés menor, este tipo de interés se traslada a su vez a que los bancos conceden crédito más barato a empresas y particulares ya que estos últimos pagan un interés menor por el dinero que les dan.

De esta forma se accede de manera más asequible al crédito reactivando el funcionamiento de las empresas y generando empleo ya que las primeras contrarían personal disminuyendo así el paro. Además afectaría también a las familias a la hora de pagar la cuota mensual de su hipoteca, ya que el tipo de interés del préstamo hipotecario esta referenciado al Euribor y este disminuiría como consecuencia de la bajada de los tipos de interés del BCE lo que haría incrementar el dinero disponible para gastar en consumo u otras necesidades cotidianas.

En definitiva, las empresas y familias conseguirían dinero más barato, lo que generaría empleo y crecimiento  al disponer de más poder adquisitivo tanto unos como otros. De esta forma se corregiría el gran estancamiento que asola la economía española.

Sucedería lo antes descrito, si la banca ofertase y colocase crédito a tipos de interés asumibles a familias y empresas, lo que en teoría tendrían que hacer y deberían haber hecho ya, por ejemplo la banca saneada con inyección de dinero público, pero está  ha dedicado dicha financiación a continuar su negocio especulativo y sobre todo a comprar deuda pública del Estado, es aquí donde está el problema, si los bancos que han mejorado la financiación del dinero que les presta el BCE no trasladan este efecto positivo a las familias y empresas no habrá servido de nada.

Todo se reduce a que el Estado y la banca se conciencien y asuman que tienen que centrarse en mejorar las condiciones de financiación, sino las empresas seguirán sobreviviendo a cuentagotas y las familias caminando sobre el alambre mes a mes para subsistir.

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La hipoteca que incuba cláusulas abusivas.

Me estreno en este blog agradeciendo en primer lugar a Marcelo Mora su invitación a escribir en aquél y, en segundo lugar, desarrollando algún comentario relativo a la institución de la hipoteca, esa pobre institución que todo el mundo mira de reojo. Remito esta pequeña reseña a la entrada de Marcelo Mora sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE respecto a las cláusulas abusivas de las hipotecas.

El 14 de marzo del presente año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró contraria al Derecho Comunitario una norma procesal española por la cual el propietario (de una vivienda, por ejemplo) sólo puede oponerse a la ejecución hipotecaria por tres determinados casos, no siendo ninguno de éstos la existencia de cláusulas abusivas en la constitución de la hipoteca. Tras este fallo judicial, los “hipotecados” podrán salvar sus moradas siempre que estén bien asesorados y sus letrados sepan advertir qué es una cláusulas abusiva. Y argumentar por qué.

El Reino de España puede optar ahora por modificar la legislación procesal tal y como apunta el Tribunal de la UE o permanecer pasivo y ser demandado por la Comisión u otro Estado miembro y ser flagelado duramente por su descaro.

Los respiros de alivio de los deudores formaron posiblemente un concierto breve pero armonioso, rápidamente  silenciado por la cuestión posterior: ¿Qué es una cláusula abusiva? ¿Soy yo víctima de ese envenenamiento bancario?

Para detrimento de una explicación sencilla y escueta, no existe un numerus clausus de  cláusulas abusivas. Desde luego pueden advertirse cláusulas abusivas que apedreen salvajemente normas contractuales o en materia de consumidores, pues estas cláusulas son pestilentes y son reconocidas a la legua. Lamentándolo para aquellos que se metan a “caza-cláusulas-abusivas”, un banco jamás apedreará a nadie salvajemente, sino que el negocio estará refinadísimamente realizado en el campo de cuestiones que son difícilmente abordables sin una inversión en asesoramiento y calma contundente. El banco no envía a sus deudores a la arena para que sean despedazados por cláusulas que espantan hasta al más valiente. Las cláusulas potencialmente abusivas son realidades que pasan desapercibidas, bacterias flotantes en el aire y que son de difícil reconocimiento a simple vista, ya que están relacionadas con aspectos hipotecarios que no forman parte del tráfico cotidiano de los clientes de los bancos ni, posiblemente, de abogados generalistas. Este será, a mi juicio, el difícil reto futuro del abogado asesor: Detectarlas y suplicar al Juez que aprecie el abuso, para poder salir del coso por propio pié.  

Finalmente hay un medio de defensa procesal para hacer reparar un daño que existe y que es contrario a Derecho. Con estas líneas sólo pretendo advertir del carácter positivo de la sentencia pero a la vez de la potencial complejidad que entraña la solución de esta sentencia:  La resolución del Tribunal de la UE es clara y redactada con sencillez. Acogerse a ella, empero, constituye un reto de elevada dificultad.

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La financiación estatal de empresas. Los préstamos ICO.

Por todos es de sobra conocido que la financiación a las pequeñas y medianas empresas se ha visto mermada, lastrada a consecuencia de la crisis, como se dice “se ha cerrado el grifo del crédito”, “grifo” cerrado además a conciencia. A día de hoy conseguir financiación para un proyecto empresarial es más caro y más difícil que en el pasado, toda una aventura de la que se puede salir malparado. Seguramente si tienes un proyecto habrás oido hablar de las líneas de financiación estatal del ICO (Instituto de Crédito Oficial). Es sobre el ICO, sus líneas de financiación a empresas, los tipos que hay, como prestan el dinero a las empresas, en definitiva sobre su manera de funcionar y estructura sobre lo que quiero arrojar un poco de luz. Ya que últimamente he percibido que no se conoce la verdadera naturaleza de este tipo de financiación y sus pormenores.

El ICO es un banco público, tiene naturaleza jurídica de entidad de crédito, y está adscrito al Ministerio de Economía y competitividad pero no funciona de manera directa, es decir, no presta dinero por sí mismo a los empresarios sino que lo hace a través de la intermediación de los bancos privados (por eso las líneas de financiación también se llaman de mediación), siendo ellos quienes adoptan en última instancia la decisión de conceder o no el crédito. Con estos bancos  privados el ICO suscribe lo que se llaman convenios de colaboración. Que un banco público prestase dinero de forma directa no gustaría a Bruselas.

Si bien corresponde al ICO establecer cuáles son las llamadas líneas de financiación, determinando a qué y a quién se financia y las principales características y condiciones (plazo de amortización e intereses) con las que los bancos privados conceden el crédito. Son los bancos, como intermediarios, los que se encargan del análisis de la operación, exigen las garantías que acrediten la devolución del dinero en el plazo y deciden si al final se es beneficiario o no del préstamo. Cabe decir que el ICO no presta dinero público sino que consigue el dinero a través de los inversores que acuden al mercado de capitales para dotar de fondos a estas líneas, por lo que el dinero no va a cargo de los Presupuestos Generales de cada año.

Las líneas para 2013 se pueden ver en el enlace de la web del ICO. http://www.lineasico2013.com/folleto/generico/castellano_2013/index.html#/4/

Por lo que el empresario que necesite liquidez para mantener su empresa o iniciar su proyecto puede acudir a algunos de los bancos que tienen colaboración con el ICO. El banco estudia la operación y si cumples con las premisas del ICO y garantías que el banco establece se te concede. Claro está que el banco te cobra un suplemento de tipo de interés por intermediar en la operación, lo que se llama diferencial.

Hasta aquí todo perfecto. La pregunta es ¿porque no funciona esta  forma de financiación?.

En primer lugar debido a que los bancos intermedian para la concesión del crédito estableciendo sus propias garantías, que suelen ser prohibitivas, tratan el dinero del ICO como si fuera un crédito normal que conceden ellos mismos como banco que son a sus clientes privados (intentando además colocar otros de sus productos como tarjetas de crédito o seguros). Las líneas del ICO no son un producto bancario, pero se tratan como tal. Es la consecuencia necesaria de que se meta a los bancos por en medio. Lo que se consigue es dificultar el acceso al crédito.

En segundo lugar el riesgo de la operación lo asume el banco privado. El ICO se lava las manos, solo pone el dinero si se cumplen sus condiciones, el banco añade las suyas y decide, en el caso de que el empresario  no pueda devolver el crédito es el banco el que asume la pérdida. De ahí la reticencia y las cortapisas de los bancos a abrir el crédito incluso no siendo dinero suyo. Se debe exigir al ICO más participación y decisión, ya que si no viene a corroborar la transformación en producto bancario. Cuando este no es el fin primario de las líneas del ICO.

En resumen si no se articula la financiación estatal de otra forma, implicándose el ICO de forma directa en la concesión de dinero o controlando a los bancos para que se dediquen a lo que firman en el Convenio de colaboración, sin excesos de lucro, no se conseguirá atender la verdadera necesidad de la economía que consiste en que el crédito fluya a las empresas y estas generen riqueza.

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